PROMESA… ¿para quién?

PROMESA-SALVA

Desde que se aprobó PROMESA, la ley se ha presentado como el último acto de salvación para la economía y sistema de Puerto Rico. Incluso, el título es conmovedor y alude a la noción esperanzadora de que “todo va a estar bien”. Pero, ¿para quién es PROMESA?

La “necesidad” de PROMESA se hizo prominente en todos los medios y foros políticos por meses. La posibilidad de una demanda al gobierno de Puerto Rico por parte de las acreditadoras fue el propósito fundamental para esta ley. Debido a que, a partir del 1984 Puerto Rico quedó excluido del Capítulo 9 de la Ley de Quiebras. Por lo tanto, la amenaza de una posible demanda se utilizó como pretexto para justificar la misma, el escape para el caos sistemático de la Isla. Esta idea se hiperbolizó; inculcando un pánico que provocó la aceptación de nuestro desmadre.

Teniendo esto en cuenta, lo que estipuló el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el caso Pueblo v. Sánchez es un arma de doble filo para el Congreso. El caso cuestiona la legitimidad del sistema jurídico bajo la constitución del Estado Libre Asociado (ELA). La decisión del Supremo dictamina que Puerto Rico no es soberano, y que el poder reside en el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, si el miedo era una demanda hacia el gobierno de Puerto Rico por impago de la deuda por parte de las acreditadoras ¿dónde reside el poder, no reside la responsabilidad?

Primero, la urgencia y la rapidez de la aprobación de la ley levanta sospechas. No se le puede dar caso omiso al hecho de que se aprobará luego de que el Supremo estableció que el ELA, según Elena Kagan (jueza del Tribunal Supremo de los EEUU): “la última fuente de poder para fines de presentación de cargos es el gobierno federal, porque cuando rastreamos esa autoridad llegamos a las puertas del Congreso estadounidense”. Por lo tanto, el caso de Pueblo v. Sánchez ¿no se utilizaría como jurisprudencia ante un caso de impago? Entiéndase, si se lleva a cabo una auditoría sobre la deuda y se prueba alguna irregularidad (lo cual es muy probable) “las puertas del Congreso” tendrían que responder a la demanda por parte de las acreditadoras.

PROMESA no permite una demanda, ya que se va a establecer una Junta como intermediario entre el gobierno de Puerto Rico y los acreedores. Siendo así, la posibilidad de una auditoría fiscal llevada a cabo por una entidad independiente, como lo planteó el senador Bernie Sanders, es muy improbable. Lo cual significa una salida del Congreso de asumir cualquier responsabilidad. En otras palabras, la ley no es para beneficio de Puerto Rico sino para los Estados Unidos.

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